Reforma fiscal: ¿más dinero para alimentar la ineficacia?
El Gobierno que preside Paulino Rivero apura sus últimos meses en ejercicio. Una de sus últimas ideas será la de proponer una reforma fiscal en el archipiélago para que así, según sus palabras, “paguen más los que más tienen”. Con este dinero, asegura, se podrán mantener “los servicios públicos esenciales”.
El CÍRCULO DE EMPRESARIOS de GRAN CANARIA denunció recientemente que esta reforma fiscal es una propuesta populista y demagógica, con nulo fundamento económico y fiscal”. Demagógica y populista porque, evidentemente, con el actual sistema fiscal ya pagan más lo que más ganan. Se llama progresividad fiscal. Una persona que cobre 24.000 euros al año en Canarias ha de abonar 3.742,70 euros en concepto de IRPF. Los que cobren 100.000, en cambio, pagan 35.666.57 euros. Es decir, un sueldo algo más de cuatro veces más alto paga casi diez veces más.
Es peligrosa, a su vez, no solo por el hecho de podrá suponer un obstáculo a un consumo ya de por sí deprimido y porque un aumento desmedido de la presión fiscal sobre rentas superiores podría generar un efecto adverso: disuade a profesionales cualificados y empresas de venir a trabajar o residir en las islas, o, lo que es incluso peor, provocar su migración a otros territorios con menor presión fiscal, lo que provocaría una fuga de capitales. No podemos pretender que Canarias sea una plataforma de inversión hacia África y, a la vez, tomar decisiones que torpedean este objetivo.
El presidente del Gobierno canario asegura, además, que esta subida fiscal permitirá mantener “los servicios públicos esenciales”. Resulta curioso, dado que su Gobierno ha demostrado escasa capacidad para gestionar los “servicios esenciales”: el último dato que se ha conocido es el que la nuestra es la Comunidad Autónoma, junto con la Comunidad Valenciana y Murcia, con el peor sistema de servicios sociales. Así lo asegura el informe realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Y no es que no hagan falta estos servicios: más de 600.000 canarios se encuentran bajo el umbral de la pobreza. Es el 28,4% de la población de las Islas, lo que sitúa al archipiélago como la cuarta comunidad con mayor índice.
La Comunidad Valenciana y Murcia, también nos acompañan en la cola de otra estadística vergonzante: la de las regiones con peores servicios sanitarios. Lo sostiene el XI Informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que contempla parámetros como las listas de espera, el gasto per cápita, el número de camas y profesionales, el gasto farmacéutico o la valoración de los ciudadanos.
La situación de la educación es incluso peor. Aproximadamente el 40% del nuevo empleo que se genera en el sector turístico ha de darse a extranjeros debido a la pésima (o nula) formación de los candidatos canarios. Las dos universidades del archipiélago ocupan casi por sistema las posiciones más bajas en cuanto a productividad y niveles de docencia. No tenemos que llegar a la universidad para constatar las malas notas que recibe la educación en Canarias. Según el último informe elaborado por la Fundación BBVA y el IVIE con datos del Informe PISA que elabora la OCDE, Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares y Andalucía son las comunidades autónomas con peor calidad de enseñanza. No en vano, la de Canarias es la cuarta tasa más alta de abandono en toda España, con el 28,3%, cinco puntos por encima de la media española.
Vista la situación, no resulta extraño pensar que lo que se pudiese obtener de esta reforma fiscal tiene más posibilidades de acabar engrosando una abultada partida de gastos que, hasta ahora, da más bien pocos resultados.
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