Doble ofensa de señor Berriel hacia los empresarios
El Gobierno de Canarias lleva legislaturas tratando a los empresarios como sospechosos, imponiendo legislaciones que frenan la inversión y el ejercicio empresarial. El desprecio indisimulado del Ejecutivo que preside Paulino Rivero por los empleadores ha registrado esta semana uno de sus episodios más insultantes por boca del consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel. “Los empresarios hoteleros”, ha asegurado en declaraciones a La Provincia, “no tienen ni idea de lo que leen” sobre los cambios introducidos por el Gobierno canario en la ley de renovación turística. “Que lean bien las cosas, porque la interpretación que hacen es disparatada”.
Habla el señor Berriel acerca de la disposición introducida a última hora que establece que se podrá recuperar para el uso público el suelo con especial valor “natural, cultural o estratégico” ocupado por establecimientos turísticos. Lo hace con la soberbia de quien se cree en posesión de la verdad absoluta, de quien desprecia las opiniones ajenas.
Los empresarios hoteleros de las islas han levantado una de las industrias más pujantes de España. Y eso, a pesar de la ausencia de cooperación de las Administraciones, que han convertido las islas en un territorio con una inseguridad jurídica impropia de la Unión Europea, en la cual invertir resulta un “calvario”, según las palabras del presidente del grupo Domingo Alonso y miembro del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA, Sergio Alonso. En este sentido, cabe recordar que Domingo Berriel es, además, presidente de la Cotmac, un instrumento creado para desautorizar a los Ayuntamientos y asumir el poder absoluto de frenar cualquier proceso inversor.
El último ejemplo de esta inseguridad la constituye la moratoria turística, sobre la cual advirtieron desde un primer momento todos y cada uno de los miembros de esta organización. Esta ha sido una ley alentada por empresarios afines que pretendían blindar sus inversiones. La moratoria ha dañado gravemente a la industria turística, sobre todo en Gran Canaria. Una ley elaborada por personas que, como Berriel, no solo no saben lo que es gestionar una empresa y desconocen cómo crear empleo, sino que además eludieron contar con la opinión de los profesionales del sector que sí tienen la experiencia necesaria y que es a los que se les reclama día sí y otro también que generen puestos de trabajo para los canarios.
Muchos de los miembros del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA tienen intereses hoteleros. Por eso, incluso podría estar en su interés proteger sus inversiones frenando la competencia a través de la limitación de las construcciones de nuevos establecimientos. Sin embargo, consideran que esta circunstancia daña la economía canaria al hacerla menos competitiva de cara a otros mercados exteriores con una oferta insuficiente para las cambiantes exigencias del mercado.
Por eso, acusar a unos empresarios que acertaron en sus vaticinios de “no entender lo que leen” resulta doblemente ofensivo proviniendo de una clase política que insistentemente acusa a los hoteleros con sus declaraciones y sus textos legislativos de no tratar de prestar el mejor servicio a la clientela y de atentar contra la salud de sus empleados.
Este exabrupto del señor Berriel y del presidente Paulino Rivero ha de servir, al menos, para algo: como ejemplo de lo que no se debe hacer para los que le sucedan al frente de la Consejería: existe un camino para convertir a Canarias en un territorio próspero donde se cree empleo, y es actuar de forma opuesta a como lo ha hecho este Ejecutivo.
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