El CES: la reforma de la moratoria aumenta la discrecionalidad
La reforma de la moratoria introduce elementos perniciosos que no hacen sino aumentar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la toma de decisiones por parte del Gobierno canario. El CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA ha puesto esta circunstancia en repetidas ocasiones. Ahora, también son organismos públicos los que ponen en cuestión esta revisión que pretende el Gobierno de Canarias.
Así, el Consejo Económico y Social, el órgano público que vigila de forma independiente los proyectos de ley del Gobierno, ha lanzado su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. En este sentido, opina, en primer lugar, que ya hay abundante normativa que regula los criterios de calidad que deben tener los alojamientos turísticos, según la información aparecida hoy en el diario La Provincia. Y, por eso, la ley resulta aún más redundante.
El organismo también puntualiza al Gobierno que la obligación por parte de las empresas promotoras de nuevos hoteles de suscribir convenios de contratación y formación del personal con el Servicio Canario de Empleo no se debe imponer, tal y como pretende el Ejecutivo, porque esto iría en contra de la libertad de empresa y de la dirección empresarial para seleccionar y formar su personal.
Además, el dictamen también alerta sobre la discrecionalidad administrativa de consecuencias imprevistas que supone que en una zona se restrinja la oferta turística si se considera por parte del Gobierno que hay un exceso incompatible con la competitividad de la zona o área turística. No es la única vez en la que aparece la discrecionalidad que persigue el Gobierno en el dictamen del CES. El órgano exige a la Comunidad Autónoma que concrete propósitos, supuestos y procedimientos para desclasificar suelo turístico ya que, en su opinión, no hay garantías de apreciación objetiva. Y así, argumentos como la pérdida del valor turístico o la preservación de espacios con valores naturales, culturales y estratégicos suponen un “amplio margen de discrecionalidad” por parte de la Administración.
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