La legislación del Gobierno de Canarias pretendía implantar una política de crecimiento cero en plazas alojativas. La última moratoria y las leyes que se han visto implantando desde hace más de una década han tenido un efecto contrario: En el año que ha transcurrido desde la entrada en vigor de la última moratoria se han dado de baja 1.400 camas. La aportación de la rehabilitación se limita a 491. En el último lustro, la isla se ha quedado sin 8.768 camas, sobre todo de tipo extrahotelero, según el informe elaborado por Antonio Garzón para el Cabildo de Gran Canaria. Si nos remontamos a 2003, año en que se aprobó la primera moratoria la isla se ha quedado sin unas 30.000 camas: de 150.000 a 120.000.

Así las cosas, la realidad muestra que la rehabilitación es insuficiente para satisfacer una demanda que, al no poder asumir Gran Canaria, ha de desplazarse a otros destinos dentro del archipiélago. Tanto es así, que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna ha asegurado que de cara a la temporada de invierno ya se están desviando cupos de turistas.

El CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA y buena parte de la sociedad de Gran Canaria reclaman simplemente que se puedan cumplir los planes de ordenación del territorio: actualmente, la industria turística ocupa el 4% del territorio, según datos del Cabildo, y el Plan de Ordenación Insular prevé la construcción de 180.000 plazas más. El turismo, por cierto, supone el 80% de la economía de la isla.

El informe pone en tela de juicio los resultados que ha tenido la ley en lo que es su principal objetivo: la rehabilitación de instalaciones. El Ejecutivo parece querer vincular el número de rehabilitaciones alojativas totales (que cifra en 35.000 plazas) a un “supuesto éxito” de la Ley Turística y utilizarlas “como único criterio” para su evaluación de dicha ley. Para empezar, las rehabilitaciones constituyen algo “completamente normal” dentro del ciclo de vida de un establecimiento. Durante los últimos años se nos ha vendido como algo “extraordinario”. Pero es que, además, se magnifican sus supuestos efectos.

“Hay que tener en cuenta que estos planes básicamente no son otra cosa que unos convenios a los que los empresarios se pueden adherir”. Estos les posibilitan saltarse “determinados trámites locales que retrasaban” los procesos de rehabilitación. “De ahí a poder afirmar que “gracias a la ley” se está renovando hay mucho trecho“, sentencia. Para ejemplificar esta afirmación cita La Santa Sport y el RIU en Meloneras: el primer caso se ha tratado de la concesión de una ampliación que se llevaba años solicitando; el segundo forma se encuadra en una estrategia global que conlleva invertir 300 millones de euros en los próximos años a nivel global, 100 millones de ellos en Canarias. “Lo mismo es aplicable para las estrategias de rehabilitación de otras cadenas como Barceló, Meliá o Iberostar”, sostiene. “Pretender asociar estas reformas a la Ley no se corresponde con la relación causal real“.

En este sentido se ha pronunciado el presidente de Satocan y miembro del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA, Juan Miguel Sanjuán, en una entrevista que se publicará próximamente en el Blog del Círculo. “Nosotros hemos rehabilitado, pero lo hemos hecho fuera de todo tipo de ayudas y subvenciones: las hemos hecha con pura inversión privada”, aseguró. “Estamos rehabilitando no porque haya una ley o una ayuda, sino porque consideramos que las condiciones empresariales para llevar a cabo esas inversiones eran las adecuadas. Los políticos consideran que las cosas se mueven porque ellos hacen leyes, y por lo general, lo que hacen los políticos con sus leyes es impedir que se desarrolle el sistema productivo.”

La rehabilitación, además, apenas crea empleo neto. “La renovación garantiza la estabilidad de los puestos de trabajo existentes, pero nada más. Apenas crea empleos netos nuevos“.  Así las cosas, en los procesos de rehabilitación alojativa confluyen varios efectos que detalla el texto: algunos positivos para el empleo, como la creación en la construcción mientras se rehabilita o que se contrate personal en caso de aumento de capacidades alojativas, por ejemplo). Pero otros pueden ser negativos: expedientes de regulación para plantillas de hostelería mientras se rehabilita, menos personal en caso  de reducción de capacidades alojativas durante la rehabilitación… “El saldo de ambos efectos, en caso de ser positivo, no tiene las dimensiones como para basar en ello toda la estrategia de creación de nuevo empleo masivo de una región con una tasa de paro del 33%“.

Evidentemente, las camas que dejan de computar en la oferta alojativa no desaparecen: en buena parte de los casos se han reconvertido en establecimientos alegales destinados para uso vacacional y que al no tener que cumplir con la normativa suelen plantear una competencia desleal con las reguladas. El informe cifra en 53.000 estas camas en todo el archipiélago, un 10% del total de llegadas de turistas. Es decir: cada vez hay menos camas legales y más alegales.

La construcción de hoteles de cinco estrellas, que sí contempla la moratoria, es relativamente baja: solo uno ha recibido la licencia de obras (900 camas). Los otros dos, en Meloneras, están paralizados porque la legislación impide la construcción hasta que no esté terminada la urbanización. “Las excepciones a la prohibición de construir hoteles contempladas en la Ley de Medidas Urgentes fueron utópicas (hoteles-escuela de gran lujo)”, se recoge en las conclusiones, “mientras que para las de la Ley de Evaluación de la Ley de Renovación y Modernización Turística Renovación (todos los hoteles de cinco estrellas) existe poca demanda“.

Antonio Garzón Cabildo de Gran Canaria Moratoria Plan de Ordenación Insular