¿En qué se gasta el Estado nuestros impuestos?
El Estado español gasta mucho de lo que recauda con nuestros impuestos. Eso ya se sabía. Y lo peor, en muchas ocasiones malgasta en partidas absurdas y otros conceptos que bien podría asumir la función privada. El año pasado, el conjunto de administraciones que forman eso que llamamos España gastaron 464.759 millones de euros, es decir, el 44,3% del PIB. Este nivel se reduciría hasta el 43,8% si no contabilizamos la ayuda financiera (no se tiene en cuenta a efectos del cumplimiento del déficit). El porcentaje global supone el 15 de la UE.
El Círculo de Empresarios lamentó en un informe reciente que el Gobierno haya renunciado a recortar el gasto en los Presupuestos de 2015. En ese informe, la organización que preside Mónica de Oriol defendía que el tamaño del sector público debería moverse entre el 35% y el 40% del PIB. Ello supone entre 40.000 millones y 92.000 millones menos que ahora. Un amplio recorrido de mejora.
Cuando ascendió al poder, el Gobierno de Mariano Rajoy remitió a Bruselas el Programa de Estabilidad 2012-2015. En él, fijaba el objetivo imprescindible de rebajar el gasto público en 2015 al 37,7% del PIB, el nivel más bajo desde 1984. Pese a los esfuerzos llevados a cabo aún queda mucho por hacer en esta tarea.
En este sentido, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich reclamó recientemente se debería centrar la atención en la gestión y el control. En su opinión, resulta “ineludible” abordar una reforma en profundidad de toda la Administración Pública”. Miguel Ángel García, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, ha asegurado por su parte que “sería necesario eliminar la duplicidad de políticas en los distintos niveles de Gobierno” y pide “que desaparezcan políticas clientelistas encubiertas en organismos y sociedades públicas de dudosa utilidad a la sociedad”. Dos reclamaciones que viene llevando a cabo con frecuencia el CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA.
¿En qué gasta el Estado el dinero de los ciudadanos? España lidera la clasificación europea en el apartado asuntos económicos. Este engloba el gasto en infraestructuras o subvenciones a sectores como la pesca o la agricultura, si bien aquí hay que contabilizar también los 39.068 millones del rescate financiero. El gasto en asuntos económicos ascendió al 7,7% del PIB.
La principal partida se la lleva la protección social. De cada 100 euros públicos, 37 se usan bien pagar pensiones o para prestaciones por desempleo. En la actualidad, el gasto en protección social se sitúa en el 17,7% del PIB, frente al 20,5% de la zona euro o el 19,9% de la UE. Este apartado lo lideran Dinamarca (25,2%), Finlandia (24,8%) y Francia (24,4%).
La sanidad también es uno de los gastos más relevantes de la administración. Asumida en su mayor parte por las comunidades autónomas, alcanza los 63.446 millones. Supone el 6,2% del PIB frente al 7,4% de la eurozona. Así, también en el área de salud, España se encuentra por debajo de la Unión Europea. Croacia, Holanda y Dinamarca son los países con un mayor gasto sanitario. También en los resultados, con preocupantes listas de espera
Los servicios generales de la Administración, el apartado en el que se contabiliza el coste de los órganos ejecutivos, legislativos, la Casa Real o la acción exterior y los intereses de la deuda se llevaron un 6,1% de su PIB, cifra similar a la partida destinada a sanidad. Aquí también estamos por debajo de la media europea (6,7%). En este apartado cabe mucho margen de mejora, sobre todo en la administración autonómica, en la que resulta imperativo llevar a cabo redimensionamientos.
La educación, por su parte, se lleva el 4,5% del PIB, la séptima cifra más baja de la UE. Se encuentra medio punto por debajo de la media de la zona euro y supera a países como Alemania o Italia, que, además, cuentan con resultados francamente mejores que los nuestros. Dinamarca, Suecia y Chipre son los países que más gastan en educación.
Suecia, precisamente, puede proporcionar un ejemplo de por dónde podría provenir una solución para la eduación en España. El cheque escolar, ideado por el Nobel de Economía Milton Friedman en la década de los 50, fue introducido en el país en 1992. Este sistema consiste básicamente en transferir las ayudas del Estado se transfieren directamente a las familias, de forma que éstas son las que deciden el centro al que envían a sus hijos. La ayuda por cada niño escolarizado se corresponde con el coste del puesto escolar. Con este sistema, los padres gozan de una mayor libertad a la hora de elegir la educación que quieren darle a sus hijos y se incentiva la competencia entre centros. Con este sistema, el gasto (o inversión) podría aumentar, pero también lo harían los resultados: Suecia ha sido tradicionalmente uno de los países que mejor parado sale en los informes PISA que elabora la OCDE.
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