La crisis ha tenido unos efectos devastadores sobre la población, a las que se les ha obligado a llevar a cabo grandes sacrificios. Los ciudadanos son, parece ser, los únicos a los que se les ha obligado a lo que, comúnmente, se califica como apretarse el cinturón.

Canarias ha sido desde que estalló la crisis en 2007 la segunda Comunidad Autónoma que más impuestos propios ha creado, solo por detrás de Catalunya. En este tiempo, el número de tributos exclusivos ha pasado de dos a seis.

Son impuestos que detraen recursos a los canarios. Impuestos destinados, fundamentalmente, a alimentar la voracidad de un aparato administrativo sobredimensionado, plagado de duplicidades y burocracia y de absurdas decisiones de gasto fuera de toda lógica, disparando con pólvora del rey, que sobrevive aplicando año tras año una mordida sobre los trabajados ingresos de los ciudadanos en vez de centrarse en reducir el brutal gasto público.

Los únicos que han sido austeros, y a la fuerza, han sido los ciudadanos. Esta política fiscal es la que está arruinando a la clase media, a la cual se le ha expoliado durante estos años de crisis, arrebatándole la liquidez cuando más la necesita.

Pruebas abundantes las hay de todo esto. La recaudación actual de tributos en Canarias está al nivel de 2007; pese a que la tasa de paro en aquel entonces apenas estaba en el 10,7%, frente al 31,08% actual, y a pesar de que la actividad económica y el sector servicios está muy por debajo de lo que estaba antes de la crisis. En los 11 primeros meses de 2014 (último dato disponible) la recaudación bruta del bloque REF (el conjunto de tributos que se reparten con las corporaciones locales) aumentó un 8,7% hasta 1.381,7 millones.

Los canarios han ido perdiendo progresivamente buena parte de las ventajas fiscales de que gozaban, como es el caso de la exención en el impuesto de combustibles. Lo han hecho, como no, para nutrir el creciente aparato de la Administración, detrayendo recursos a cada uno de los ciudadanos.

Esta tendencia está lejos de cambiar de rumbo. Al Estado le van a hacer falta más recursos el próximo año, según sus propias previsiones. Así, el sector público va a suponer una factura aún mayor: las sociedades mercantiles en las que participa el Gobierno, las entidades públicas, las fundaciones y los organismos autónomos costarán el año que viene 2.978 millones de euros, frente a los 2.878 millones del ejercicio anterior, el 3,74% más.

La clave estaría en el control del gasto público, que representa más de la mitad de la actividad económica (un peso a todas luces desorbitado). Pero la austeridad, queda claro, está lejos de aplicarse a la administración canaria.

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