La burocracia canaria frena 50 millones de inversión
El diario La Provincia se hace eco en su edición de hoy del peligro que corren hasta 50 millones de euros en inversiones en distintas plantas de acuicultura, que posibilitaría la creación de 250 empleos.
El sector se encuentra paralizado desde diciembre de 2013, cuando se suspendió la tramitación administrativa en el ámbito de la acuicultura por la inminente aprobación del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (Proac).
Sin embargo, este documento aún no ha sido aprobado, y difícilmente podrá serlo en la actual legislatura, toda vez que, a pesar de que acaba de entrar en Consejería de Sostenibilidad para completar un trámite medioambiental, aún tendría que pasar por la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Esta paralización, además, impide además que las granjas que ya existen puedan realizar mejoras para continuar siendo competitivas, con lo que están quedando progresivamente fuera del mercado.
La situación de la acuicultura no es sino una más entre las damnificadas por la inacción y el bloqueo al desarrollo que, de forma sistemática, ha desplegado el actual Gobierno, ya sea a través de la moratoria turística o mediante el sinfín de trabas burocráticas que ha desplegado y que han incrementado la discrecionalidad y los retrasos en la Administración.
“Se ha intentado dirigir el uso del territorio tanto turístico como de otra índole a golpe de 17 leyes y otros tantos organismos que han paralizado el normal desarrollo de las islas”, afirmó recientemente el miembro del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA, Alberto Cabré, CEO del grupo Publicidad Atlantis. “Recogemos los frutos de ocho años en los que las prioridades del Gobierno han sido en todo momento entorpecer el mercado y la inversión empresarial”.
La actual estructura de la administración no es más que un intrincado entramado de disposiciones, leyes, normas, trámites y requisitos que permite que todos los representantes públicos sean a la vez responsables y ninguno lo sea en realidad. Un sistema que alienta que muchos funcionarios o políticos retrasen, o incluso paralicen, la larga cadena de trámites necesaria para cualquier iniciativa, como ha explicado en repetidas ocasiones el presidente del grupo Domingo Alonso y también miembro del CEGC, Sergio Alonso.
No en vano, ni siquiera queda claro de quién es responsabilidad finalizar el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias. El director general de Protección de la Naturaleza, Pedro Cuesta, explicó a La Provincia que su departamento está analizando jurídicamente si realmente les corresponde su tramitación.
Es decir, un sinsentido en forma de maraña burocrática que protege la inacción del Gobierno y que tiene 342.200 perjudicados: los parados que hay en Canarias.
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