La competencia y el libre mercado, la única vía para la recuperación de Canarias
Un diario de la isla vecina publicó el pasado fin de semana un editorial con un título claramente explicativo: Ley turística: la cordura de Tenerife resiste a las presiones de Gran Canaria. En él, el rotativo aplaudía la decisión del Gobierno de Canarias de incumplir la palabra dada en el Parlamento y negarse a reformar la moratoria turística, algo que le reclaman tanto empresarios como sus propios socios de Gobierno o la facción grancanaria de su propio partido.
El texto, en resumidas cuentas, alaba lo que denomina el “modelo tinerfeño”. Este, asegura, ha concedido a la isla una posición privilegiada en la industria turística, frente a los “errores” de Gran Canaria, que “se ha quedado rezagada y con evidentes síntomas de agotamiento y de necesidad de transformación”. Y, por eso, argumenta, defiende la imposición de este modelo a todas las islas del archipiélago, cualesquiera que sean sus características actuales.
Y ahí está la base de uno de los grandes problemas que afectan a Canarias (más allá del injustificable uso del poder por parte del Gobierno canario para favorecer de una forma descarada a unos intereses frente a otros): la imposición de una estrategia empresarial y económica, decidida desde una consejería o desde la presidencia. La imposición de una única vía dictada a espaldas del mercado. Es decir, la renuncia a fomentar la competencia como el camino óptimo para lograr el avance económico de la sociedad.
Tanto el Ejecutivo que preside Paulino Rivero como sus antecesores han establecido una tupida maraña de trabas burocráticas que se han encargado de manejar con mano férrea para su propio interés. Una maraña que ha perseguido no ya el desarrollo de la sociedad (la prueba está en la situación actual de la educación, la sanidad o la alta tasa de paro) sino la arbitrariedad en la toma de decisiones y el clientelismo.
“Solo con competencia cada Isla, cada institución, cada empresa y cada individuo será más eficiente, capaz, competitivo y duradero”, afirma el consejero delegado del Grupo Domingo Alonso y miembro del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA, Oliver Alonso. “El grupo que dirijo junto a mi familia cumple este 80 años dando empleo a muchas familias, y algo así solo es posible trabajando en competencia y sin proteccionismo, luchando en diferentes mercados con libertad”.
La competencia, el liberalismo, representan la base de la evolución de una sociedad en todas sus escalas: competencia política, traducida en la rivalidad entre distintas formaciones para alcanzar el poder; competencia ideológica, que se plasma en la libertad de expresión y el debate de ideas; y la competencia empresarial, la que permite que cada ciudadano persiga sus intereses económicos y que ha posibilitado que podamos disfrutar de innovación y el desarrollo de nuevos productos y que abarata continuamente servicios como telefonía, internet o aun los automóviles…
Y lo que es más importante , sobre todo en los tiempos actuales: competencia empresarial para favorecer la inversión y, con ella, la creación de empleo. Y el Canarias es un ejemplo palpable de ello.
Porque la falta de apertura y de competencia constituye, precisamente, uno de los principales problemas que asolan al archipiélago. “Leyes como la moratoria se crearon para proteger a los negocios existentes y cercenar así a la competitividad”, sostuvo así recientemente el presidente del grupo Domingo Alonso, Sergio Alonso. “De hecho, si la intención es la de que los propietarios actualicen sus establecimientos con las reformas necesarias, resulta imprescindible crear competencia de nuevos edificios turísticos, ya que de esa manera si no renuevan el mercado los expulsa y terminan vendiendo a precio de solar”.
La competencia, de hecho, es tan beneficiosa que incluso está en el interés de cualquier isla del archipiélago que las restantes se fortalezca y sea competitivas. “Perdemos tanto tiempo mirando al vecino y no se dan cuenta que nuestra competencia es otra, y se encuentra fuera de nuestras costas: nos interesa que todas las islas sean fuertes”, recalca por su parte el consejero delegado de Satocan y secretario del CEGC, José Julio Artiles. “Tenemos que comprender”, completa el presidente de la propia Satocan, Juan Miguel Sanjuán, “que la moratoria es mala para la modernización de Canarias, que si se queda atrasada Gran Canaria, tal y como está sucediendo, Tenerife también saldría perjudicada aunque unos pocos hoteleros saliesen beneficiados; de la misma forma que si se atrasa Mogán, San Bartolomé también pagaría las consecuencias”. “La competencia no genera pleito insular: lo genera el proteccionismo”, sentencia al respecto otro miembro del CEGC y presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara.
Cada isla es distinta y tiene unos condicionantes y una oferta distinta. Ningún “modelo” vale de forma homogénea para todas. Y menos aún si viene impuesto por intereses contrapuestos. Y, por eso, cada isla tiene la necesidad –y ha de tener el derecho- de elegir las armas con las que desea competir. Solo esa competencia hará que crezca toda Canarias, y no solo una parte. Solo con esa competencia, que deberá facilitar las inversiones, podrá Canarias volver a crear empleo.
Por eso resulta absolutamente imprescindible, cuanto más en una situación de extremas tasas de paro, la derogación inmediata de la moratoria turística, la ley que más limita la competencia y, en consecuencia, el desarrollo de Canarias.
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