La mayor parte de partidos políticos parecen haber encontrado en culpar al turismo de los males que asolan a Canarias un filón inagotable para granjearse las simpatías del electorado. Y como culpable señalado, al turismo se le castiga con crecientes cargas impositivas o legislaciones cada vez más intervencionistas. O, como en el caso de la moratoria, directamente con leyes represivas destinadas a planificar la economía casi como en un régimen comunista, protegiendo por el camino los privilegios de unos pocos en detrimento del desarrollo de muchos.

La última de estas propuestas ha sido la de implantar una tasa turística que, según sus promotores, proporcionaría unos ingresos de hasta 95 millones al año. Una medida que ya fracasó en Baleares y que hubo que retirar. Una medida con la que reclamaríamos al turista alemán o inglés que se rascase más el bolsillo para alimentar empresas públicas, burocracia y el resto de crecientes gastos del Gobierno canario.

Esta propuesta puede proporcionar réditos electorales, pero constituye una pésima idea en lo económico. Por muchas razones. Para empezar, haría de Canarias un destino menos atractivo. El archipiélago batió en 2014 todas las marcas de facturación. Cierto. Pero este logro, tal y como ha advertido el CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA en repetidas ocasiones, se ha conseguido solo gracias al récord de entrada de turistas. No en vano, el gasto por visitante no experimenta una evolución tan positiva: en 2014 tanto el gasto diario por turista como por estancia han bajado con relación al 2013. Y este, que los visitantes  desembolsen más dinero, ha de ser precisamente el objetivo de nuestra industria. Así las cosas, no parece, precisamente, el mejor momento para sangrar aún más a un cliente, sobe todo al alemán, que ya siente una sensibilidad extrema hacia más desembolsos hacia países del sur, según puso de manifiesto un reciente informe del Catpe.

La propuesta de una tasa turística se produce apenas meses después de que otra fuerza política introdujese en el Parlamento una proposición no de ley que reclamaba el establecimiento de plantillas mínimas en los establecimientos hoteleros. Esta medida, que a la vez acusaba a los hoteleros de no tratar de prestar el mejor servicio y de atentar contra la salud de sus empleados, también fue una propuesta que lanzó el Gobierno de Canarias a modo de globo sonda en su revisión de la moratoria, la cual presentó recientemente a la Cámara.

El texto del proyecto de ley no solo no supone el fin de una norma que ha frenado en seco la posibilidad de creación de empleo cercenando la construcción de nuevos complejos hoteleros de cuatro estrellas. Aumenta la discrecionalidad y la arbitrariedad a la hora de tomar decisiones, lo que incrementa la corrupción. También mantiene la demonización de un sector que aporta el 35% del PIB canario y que necesita de inversión y capital para poder crear empleo, algo que se le reclama desde todos los sectores de la sociedad. La creación de empleo ha de pasar necesariamente por la edificación de nuevos establecimientos, lo que crearía trabajos directos e indirectos en la fase de construcción y, después, en el turismo.

La inversión, el capital y la creación de empleo difícilmente pueden llegar cuando los aspirantes a ocupar el Ejecutivo canario no hacen sino poner al turismo en el punto de mira; cuando sobre cada mínima inversión recaen las sospecha en forma de innumerables trámites y autorizaciones de un sinfín de organismos y funcionarios. Cuando desde los poderes públicos se alienta la idea de que los empresarios únicamente miran por su beneficio, sin importarle el bienestar de los trabajadores, o el medioambiente y la riqueza de las islas.

Es por esto por lo que el CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA reclama a los partidos que concurren a las elecciones que abandonen el castigo y la demonización a nuestra principal industria. Tanto en sus declaraciones públicas como en sus propuestas. Tanto a través de un desmedido intervencionismo como mediante mayores imposiciones fiscales, trámites inacabables o con la moratoria o una nueva tasa turística.

Y reclamamos, a su vez, que se trate a esta industria como lo que es: el motor de la economía canaria.

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