Cuánto más corrupto es el estado, más leyes tiene.
Cayo Cornelio Tácito (c. 55 – 120)

Muchos piensan que la corrupción depende de las personas que ocupan los cargos públicos o de dónde están las competencias. Sin embargo, eso no es así, se produce, principalmente, por los incentivos que tengan para corromperse. Así lo explica el economista Gonzalo Melián en un artículo publicado recientemente en el diario ABC. “La mayoría de nuestras decisiones privadas”, afirma el autor, “están intervenidas con un sinfín de regulaciones creadas por políticos y funcionarios y son ellos los que deciden en última instancia si podemos o no hacer algo obligándonos a pedirles permiso”. Así las cosas, “hoy hasta para poder talar un árbol en nuestra casa tenemos que solicitar autorización”.

Este constituye el caldo de cultivo perfecto para que florezcan los casos de corrupción, dado que pone en manos de estos representantes públicos un poder desmedido. “La intervención pública que elimina la libertad de los distintos individuos de nuestra sociedad para decidir qué hacer con su casa, su tierra o su dinero entre otras muchas cosas es la que fomenta la corrupción, pues otorga los estímulos necesarios para corromper a políticos, funcionarios y administrados”. Un ejemplo de ello, cita Melián,  es la “descomunal intervención sobre el suelo” que ha hecho que en nuestro país existan multitud de escándalos urbanísticos.

¿Cuál es la solución de los representantes políticos? La más simple y la más populista: proponer más y más leyes, que no hacen sino incrementar la burocracia y ofrecer recovecos para perpetuar esta situación.  Sin embargo, la solución es la contraria: “La única vía para reducir al mínimo las posibilidades de corrupción es la reducción de la intervención en nuestras decisiones“. Melián, de esta manera, coincide con el diagnóstico formulad recientemente por el CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA en un Manifiesto contra la Corrupción, que sostenía que el actual estallido de casos de corrupción pone a su vez de manifiesto “las perversiones de un sistema altamente burocratizado, en el que es moneda común el solapamiento de competencias y administraciones”. Esta maraña “propicia la opacidad en la toma de decisiones y otorga un poder desmedido a ciertos representantes políticos, con potestad de detener o impulsar proyectos de inversión sin tener apenas que rendir cuentas y, en ocasiones (que hemos de seguir creyendo excepcionales), con el único objetivo del propio beneficio personal, escapando a los sistemas de control e intervención funcionarial en vigor”.

Por lo tanto, según explica Melían, “en una sociedad libre, donde la intervención pública fuera mínima, sería muy difícil que existiera corrupción, pues no habría incentivos para corromperse y forrarse a costa de los demás”.

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