La reforma de la moratoria: sigue el intervencionismo
El Gobierno da un paso adelante y anuncia finalmente que va a reconsiderar la moratoria turística. Su cambio de postura puede interpretarse como un avance respecto de la situación anterior, que cerraba la puerta a cualquier construcción que no llevase aparejada la rehabilitación de un inmueble existente. La nueva ley, sin embargo, sigue protegiendo el intervencionismo desde el Ejecutivo, según han subrayado en repetidas ocasiones varios miembros del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA, quienes han advertido que esta nueva situación puede constituir una moratoria encubierta.
“Los inversores no son tontos, saben lo que hacen y lo que el mercado demanda”, destaca hoy en las páginas de La Provincia el presidente de la organización y presidente de Astican, Germán Suárez, para quien la revisión de la ley no implica “en absoluto” abandonar la renovación de los inmuebles viejos.
Otro miembro del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA y presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, ve en el mismo rotativo una “buena noticia que se levante la moratoria”. Alerta, sin embargo, sobre la discrecionalidad que puede traer la nueva normativa, por lo que insta al Ejecutivo a valorar la opinión de los expertos turísticos al detallar los estándares que se reclamarán a los establecimientos. Es más, no ve con buenos ojos que las actuaciones deban tener un “visado” del Gobierno, pues estima que éste “no está capacitado para certificar que un proyecto es excelente”. En consecuencia, denunció que “las autorizaciones van a seguir sujetas a discreción del Ejecutivo”.
“La demanda fijará la calidad; y la competitividad, el número de empleados”, aseguró en su día por su parte el presidente del grupo Satocan, Juan Miguel Sanjuán. Las nuevas normas hacen que el Gobierno siga conservando la discrecionalidad en sus decisiones. O, como asegura el presidente de IFA Hoteles (del grupo Lopesan), Santiago Armas, “no se puede dejar en manos del Gobierno qué es eficiente o qué tiene calidad”.
Según la nueva normativa que maneja el Gobierno, los nuevos complejos deberán cumplir estándares de calidad edificatoria y del servicio ofrecido que garantice el mínimo impacto ambiental en términos de, al menos, ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y de gestión de residuos, y reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios fijadas “reglamentariamente para configurar un modelo de excelencia y ecoeficiencia”.
“El Gobierno debe olvidarse de tratar de imponer estrategias turísticas”, explica por su parte el consejero delegado de Domingo Alonso, Oliver Alonso, “porque ningún empresario va hacer nada que le impida ser rentable”.
“No se pueden poner puertas al campo”, sostuvo por su parte Ángel Ferrera, presidente de Toyota Canarias. “No se puede legislar en contra de la realidad social y del mercado. Por eso, la moratoria habría de derogarla en su totalidad”. “Niego radicalmente el derecho de cualquier político a inmiscuirse en las tendencias del mercado”, opina en este sentido el presidente del grupo Domingo Alonso y también miembro del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA, Sergio Alonso. “No existe derecho alguno que justifique interferencias más allá de los limites urbanísticos o de confort acorde con la categoría del establecimiento”.
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