Manifiesto contra la corrupción: “Necesitamos fortalecer las instituciones y los mecanismos de control”


Posted on octubre 31st, by circulan@ in Comunicados. No Comments

Manifiesto contra la corrupción: “Necesitamos fortalecer las instituciones y los mecanismos de control”

El CIRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA, al igual que el resto de la ciudadanía del país, asiste con vergüenza, estupor e indignación ante la interminable sucesión de casos de corrupción que alcanzan a altos cargos de los partidos políticos que han ostentado el poder en España, a algunos gobiernos autonómicos, a diferentes Ayuntamientos y a diversos empresarios.

Es preciso destacar antes que nada el buen funcionamiento del Estado de Derecho, que está permitiendo que los Tribunales de Justicia actúen con absoluta independencia en el esclarecimiento y persecución de tales casos con la colaboración del Ministerio Fiscal, cuya actuación no puede calificarse sino de ejemplar. Se rebaten así las frecuentes acusaciones vertidas de forma recurrente contra su actuación y dependencia jerárquica, que los hechos demuestran como inexistente cuando de la defensa del interés general se trata.

Dicho esto, no cabe duda de que esta plaga representa una grave amenaza para la estabilidad de nuestro sistema democrático. No solo supone que recursos necesarios para la salida de la crisis van a parar de forma ilegal a bolsillos particulares. Además, propaga la desconfianza y el descreimiento de la ciudadanía hacia la clase política y hacia el mismo sistema, proporcionando así un caldo de cultivo propicio para el florecimiento de peligrosos proyectos políticos populistas.

Es por eso por lo que, ahora más que nunca, se hace necesaria una urgente regeneración democrática. Para ello, insistimos, no hace falta recurrir a salvapatrias, sino reforzar nuestras instituciones democráticas y los organismos de control. Y necesitamos que se cumplan las leyes, algo que se complica cuando desde cada vez más instituciones públicas, especialmente desde algunas Comunidades Autónomas, se traslada a los ciudadanos que puede haber ideas o proyectos que están por encima de la Ley.

No puede caber duda alguna sobre la honradez de la amplia mayoría de dirigentes políticos, desde el más pequeño de los ayuntamientos hasta las más altas instancias del Estado. Ni sobre el tejido empresarial de este país, el cual se distingue por buscar hacer negocios de una forma lícita y legal, y crear por el camino riqueza para el país y empleo para la sociedad.

Es precisamente por eso que hemos de ser implacables con aquellos que han quebrantado la confianza depositada en ellos y han usado los cargos para su enriquecimiento personal. También con aquellos delincuentes que desde los consejos de empresas buscan atajos prohibidos para hacer negocios.

No les debe temblar el pulso a los dirigentes políticos, empezando por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la hora de apartar de la vida política a los implicados en casos de corrupción, sean del partido que sean. Es más, ha de estar entre sus principales cometidos el de asegurarse de que la Justicia continúe desarrollando su labor con entera libertad, a salvo de cualquier tipo de presión e injerencia. El castigo a los corruptos ha de ser extremadamente e impermeable al corporativismo, ya sea político o de cualquier otra clase.

El actual estallido de casos de corrupción pone a su vez de manifiesto las perversiones de un sistema altamente burocratizado, en el que es moneda común el solapamiento de competencias y administraciones. Esta maraña propicia la opacidad en la toma de decisiones y otorga un poder desmedido a ciertos representantes políticos, con potestad de detener o impulsar proyectos de inversión sin tener apenas que rendir cuentas y, en ocasiones (que hemos de seguir creyendo excepcionales), con el único objetivo del propio beneficio personal, escapando a los sistemas de control e intervención funcionarial en vigor.

Porque España no es un país corrupto. Necesita, eso sí, una regeneración democrática que incluya una mayor educación ética y moral. Debemos dejar definitivamente atrás el aplauso social a la picaresca e instalar la tolerancia cero ante la corrupción en partidos políticos, Administración, gobiernos y empresas.

Se hace imperativo reforzar los mecanismos de control, fortalecer las instituciones democráticas y avanzar en la modernización y agilización de la Justicia, por cuya acción ha de prevalecer el más absoluto de los respetos. Urge también dignificar la clase política con remuneraciones acordes a sus responsabilidades y sin tal cantidad de prebendas, para que así haya estímulos suficientes que atraigan el talento y erradiquen la situación actual, en la que la carrera pública se ha convertido en el refugio de mediocres sin experiencia previa en la gestión, ni siquiera en el mundo profesional o laboral.

La corrupción política pervierte el sistema democrático y socava la confianza de la ciudadanía. Nuestro sistema actual, sin embargo, no es el problema: es la solución, como demuestra una simple panorámica sobre los países de nuestro entorno. Está en nuestra mano perfeccionarlo para avanzar hacia una sociedad más libre y justa.





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