La prometida revisión de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canariastendrá que esperar al menos hasta después del verano. El Gobierno que preside Paulino Rivero está estudiando posibles cambios de una normativa que daña especialmente a Gran Canaria. Y es que la llamada moratoria turística (la tercera que se aplica en el archipiélago desde 2003) bloquea la construcción de hoteles de menos de cinco estrellas, y son los de cuatro, precisamente, el producto alojativo que más demandan los turistas y en el que Gran Canaria tiene una ventaja competitiva frente a otros mercados.

Recientemente, el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (CATPE) emitió un completo informe sobre la competitividad turística de Canarias. En él, el think tank que preside Ángel Ferrera, presidente de Toyota Canarias y miembro del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, daba cuenta de la pérdida de competitividad que está sufriendo Canarias como destino y aseguraba que “fundamentar la modernización alojativa sólo en renovar las camas existentes y limitar todo el crecimiento económico-turístico únicamente a la rehabilitación no es suficiente para mantener la competitividad de un núcleo turístico maduro”, como es el de Canarias. “En Gran Canaria, la pérdida de competitividad es más acentuada por la estructura de sus instalaciones, ya que en esta isla siempre ha predominado la cama extrahotelera, la cual está supeditada a mayores dificultades para efectuar renovaciones que la cama hotelera”, explica el propio Ángel Ferrera.

De igual forma, no se puede pretender “basar la creación de empleo exclusivamente en el aumento de ocupación”. Es decir, si queremos crear empleo, nuestra economía no solo necesita renovar, sino también nuevas infraestructuras adecuadas a la demanda.

“La moratoria ha sido, y sigue siendo, el mayor obstáculo para acondicionar la oferta a lo que la demanda pide en tipología, categoría y número de camas”, sentencia así Ángel Ferrera.

Con la moratoria, además, se desincentiva la competencia, según denuncia el presidente del Grupo Domingo Alonso, Sergio Alonso. “Hay una serie de señores a los que se le está protegiendo su negocio. Y si estás protegido, ¿para qué actualizarte, para qué acometer una renovación?”

Esta postura del Gobierno regional, lejos de incentivar la demanda, está alejando posibles inversiones por parte de grupos tanto canarios como Lopesan o extranjeros. Desde el grupo que preside el miembro del Círculo de Empresarios de Gran Canaria Eustasio López, se justificaron estos planes en “las continuas trabas administrativas a los proyectos en el Sur, y la política de incertidumbre que mantiene el Gobierno canario en materia turística después de catorce años de moratoria”.

“El Informe Catpe contiene algunas propuestas con relación a la moratoria”, recuerda por su parte el propio Ángel Ferrera. “Entre las que tienen visión de corto plazo, destacamos la ampliación de las excepciones también para hoteles de cuatro estrellas”. La principal de las soluciones va un poco más allá en tiempo. “Resulta necesaria la aprobación de una ley turística refundida que derogue todas las actuales y que proporcione más seguridad jurídica a los inversores”. Esta nueva ley debería planificar el desarrollo sostenible, el empleo (que incluya herramientas complementarias como  podrían ser, entre otras, una política  de formación con mayor orientación a la demanda) o el desarrollo de productos turísticos a diez años vista.

Ángel Ferrera Catpe Moratoria turistica Sergio Alonso