El Gobierno anunció el pasado viernes su decisión de dar entrada a inversores privados en el capital de AENA, el mayor gestor aeroportuario del mundo por número de pasajeros transportados. La empresa estatal es un gigante que gestiona 46 aeropuertos en España, y que participa directa e indirectamente en la gestión de otros 15 en todo el mundo.

Algunas comunidades autónomas, como Cataluña y Canarias, no han tardado en reclamar el traspaso de la gestión de estas instalaciones. Esta opción no solo es jurídicamente inviable, sino que sería contraproducente: la entrada de capital privado constituye la mejor opción para la sociedad española y para los intereses económicos y sociales de Canarias. La decisión tomada por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy va en la línea de la que han seguido otros grandes grupos empresariales internacionales. Fraport, la propietaria del aeropuerto de Fráncfort y de otras 13 instalaciones, cuenta con una participación privada del 48,6%. Aéroports de Paris, la sociedad que gestiona los tres principales aeródromos de la capital gala (además de otras 11 instalaciones) es privado en un 49,4%. En Italia, el 44,3% del capital de SEA, la sociedad que gestiona los aeropuertos de Milán, está en manos de inversores. Con todo, el caso más extremo lo encontramos en el Reino Unido. El Gobierno británico privatizó la llamada British Airports Authority en 1986, que salió a Bolsa bajo el nombre de BAA. En 2006, un consorcio liderado por Ferrovial adquirió la empresa, que incluye la joya de la corona, el aeropuerto de Heathrow. La compañía española posee el 25% del actual grupo, llamado Heathrow Airport Holdings Limited. El Ejecutivo británico, el 0%.

Es decir, la entrada de intereses privados en el capital de los aeropuertos es una práctica extendida en todos los países de nuestro entorno, que han buscado maximizar la eficiencia de estas instalaciones obteniendo a cambio recursos financieros para el Estado. Por supuesto, habrá que esperar a ver la llamada letra pequeña de la operación para poder establecer una valoración más precisa.

Terminal 2 del aeropuerto de Fráncfort.

Hasta ahora, España se había mantenido aislada. La iniciativa anunciada por la ministra de Fomento, Ana Pastor, dejará al Gobierno como accionista mayoritario del grupo, lo que le permitirá mantener el control de un activo estratégico para la mayor industria del país y de las islas: el turismo. Es más, los niveles de calidad de servicio, los estándares de capacidad de los aeropuertos, las condiciones mínimas de servicio y de inversiones y el marco tarifario estará fijado por un marco regulatorio que fijará el propio Ejecutivo. Pastor ha anunciado su determinación de mantener un núcleo estable de accionistas, que garantice el equilibrio a largo plazo de la estrategia de la compañía.

De concretarse, la entrada de capital público supondría  una fuerte entrada de recursos para las arcas públicas en un contexto de crisis y de lucha contra el déficit y el endeudamiento: el banco de inversión Citi ha valorado la compañía en 14.400 millones de euros.

Paralelamente, la ación de inversores privados deberá mejorar la eficiencia e impulsar su internacionalización, tal y como ha sucedido en los otros grupos aeroportuarios internacionales como Fraport. Y es que la AENA 100% pública no ha sido precisamente un ejemplo de gestión: entró en rentabilidad por primera vez en su historia en 2013, y actualmente soporta una deuda superior a los 11.000 millones, lo que le ha frenado a la hora de rebajar precios para competir.

Así las cosas, el nuevo estatus de AENA deberá redundar en un control de costes y en una mayor eficiencia que permitirá reducir estas tasas. Y esta ha sido, no olvidemos, una gran reclamación de políticos y empresarios de las islas para potenciar nuestra primera industria: el turismo.

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