Las grandes empresas han anunciado un plan para crear empleo y reducir así las vergonzosas cifras de paro que asolan a España. La receta que aportó ayer el Consejo Empresarial para la Competitividad en boca de su presidente, César Alierta, incide en detalles de un camino que ha esbozado en repetidas ocasiones el CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA: reformas en la educación, sobre todo en las primeras etapas, menos barreras legales (regulatorias, laborales, fundamentalmente), una reforma fiscal creíble, cambios en el marco regulatorio que faciliten la creación de empresas, más privatizaciones y una reestructuración de las administraciones, que permita su adelgazamiento. Planes para crear empleo todos ellos “factibles, viables y realistas”.

“Estas aportaciones por ser absolutamente sensatas no nos dicen nada nuevo”, explica el presidente del grupo Domingo Alonso y miembro del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA, Sergio Alonso. “Cabe destacar, eso sí, que cuantifican las medidas, si bien cosa que aplaudo: Constituye un esfuerzo que celebro”.

La organización patronal incide en traer a la superficie el empleo sumergido. Por eso, pide que se  aumente el número de inspectores laborales, se incentive fiscalmente la transición hacia contratos formales, y se cambien las actitudes frente al fraude. Los empresarios sostienen que con estas propuestas se pueden aflorar 827.000 empleos sumergidos hasta 2018, lo que redundaría en una recaudación fiscal adicional cercana al 1% del PIB. Y es que, según sus datos, 307.000 trabajadores cobran el desempleo aunque trabajan en negro y otros 275.000 empleos sumergidos corresponden a la inmigración ilegal. Estas cifras sitúan a España con tasas de empleo irregular que duplican las de países como Alemania, Francia y Holanda.

Una de estas reformas tiene que ver  con cambios en el marco institucional y el aumento del tamaño de las empresas. La propuesta pasa por eliminar barreras legales que tienen las compañías a la hora de aumentar su volumen de negocio y facilitar las condiciones financieras para que se lleven a cabo fusiones y adquisiciones. Esto posibilitaría, según sus cálculos, que se duplicasen las empresas de más de 250 trabajadores (para hacernos una idea, estas suponen actualmente apenas 3.800, frente a los tres millones de empresas que hay actualmente en España) y aumentar un 60% las 24.000 medianas que emplean entre 50 y 250 asalariados. Esto generaría, según sus cálculos, 400.000 nuevos empleos en los próximos cuatro años.

¿Qué se abriría con este incremento de tamaño? Nuevos mercados. Si se lograse que 35.000 empresas ganasen el tamaño suficiente como para exportar se podrían crear hasta 700.000 puestos de trabajo. Y España sería un 15% más productiva.  A ello habría que sumarle reducciones en las cargas administrativas para crear una empresa o eliminar trabas autonómicas y locales para que España, al fin, funcione como un mercado único. El plan contempla que España pase del actual puesto 52 en el ranking de facilidades para los negocios a un puesto entre los 10 o 20 primeros del mundo.

Con esto finalizarían las reformas legales. Pero, además, resulta hace necesario operar sobre el ciclo económico, con un ajuste fiscal que el presidente de Telefónica, César Alierta, calificó de “creíbles y sin riesgos en la ejecución”. Por eso, recamaron medidas adicionales por valor de 30.000 millones hasta 2018: ajustes de gastos en personal público por 5.000 millones; fusión de ayuntamientos, que ahorraría otros 6.000 millones o medidas de reestructuración de todo el sector público que podrían significar hasta 17.500 millones menos de gasto.

También habría que privatizar activos por valor de 35.000 millones y aumentar el actual 1,3% del PIB que se destina a I+D hasta el 3%. Este aumento deberá provenir, al menos en sus dos terceras partes de la inversión privada (que actualmente es del 55%).

“Evidentemente, para comprender estas medidas hay que profundizar en su análisis”, recalca Sergio Alonso. “No es posible pasar frívolamente por la superficie y atreverse a valorarlas desde esa perspectiva.

César Alierta Consejo Empresarial para la Competitividad Crisis Recuperación Sergio Alonso