El Gobierno de Canarias mantiene su intención de llevar a cabo una consulta popular, la primera que se produciría en Canarias, para conocer la opinión de la sociedad respecto a las prospecciones de petróleo. El Ejecutivo evita a sí que se debata sobre otras cuestiones más acuciantes en el archipiélago, como pueden ser las altas tasas de paro o la mala calidad de la enseñanza y la sanidad.

Así, el CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA cuestionó la conveniencia de esta convocatoria en su último Manifiesto, que ha obtenido una gran difusión en la sociedad canaria. En él, apuntaba que si tan necesario se cree formular una consulta popular sería más conveniente plantear antes otras. Una de ellas, sobre si la población está de acuerdo con el actual sistema electoral existente en Canarias, uno de los más descompensados en toda la Unión Europea. Aquí van  siete claves para entender mejor  una Ley que reclama una revisión.

1. ¿Cómo es la Ley electoral que elige a los 60 diputados del Parlamento autonómico?

Para acceder al Parlamento canario, un partido tiene que superar el 30% del voto insular (una isla=una circunscripción) o el 6% del total de la Comunidad Autónoma. No siempre fue así: entre 1982 y 1996 el umbral estaba en el 20% del total de la circunscripción y el 3% del archipiélago. Así, el umbral efectivo para entrar en las Cortes en Canarias es el doble que en el resto de España. En Ayuntamientos y Cabildos, por cierto, los topes están en el 5%.

2. Esta circunstancia ¿se repite en otras comunidades autónomas?

No. La doble barrera que se da en Canarias es inédita en España y en Europa. Los porcentajes que actúan como frontera son los más altos de todas las regiones: la Comunitat Valenciana es la segunda de la lista, con un 5%.

Estas barreras provocan que una cantidad inaceptable de votos que se depositan en las urnas no valgan para nada, En 2007, el PIL de Lanzarote consiguió el 22,3% de los votos de la isla, aún así, quedó fuera del Parlamento. También le sucedió a Nueva Canarias, que se quedó fuera pese a lograr el 11,8,% de los votos en Gran Canaria, (el doble que los de Coalición Canaria, que sí logró un escaño por la isla). En aquella ocasión, el 16,3% de las papeletas, o lo que es lo mismo, el voto de 150.000 personas fue a la basura. En las últimas autonómicas este porcentaje cayó a la mitad. En Cataluña, apenas el 5,8% de los votos no pasó el corte del 3% que impera en los comicios de 2012. En Euskadi, el 4,77%.

2. Los escaños que se reparten por islas, ¿son proporcionales a sus poblaciones?

No, ni mucho menos. Ese es otro de los grandes problemas del actual sistema. A Gran Canaria y a Tenerife les corresponden 15 escaños a cada una. Le siguen Lanzarote y La Palma (8), Fuerteventura (7), La Gomera (4) y El Hierro con 3. Así las cosas, el 17% de la población elige al 50% de la Cámara. El otro 50% corresponda a los electores de Gran Canaria y Tenerife, que juntas suponen el 83%. Dos apuntes: a) un voto de un herreño vale 14 veces más que el de un grancanario; b) somos la única comunidad que tiene una circunscripción con más población y menos diputados (Fuerteventura) que otra con más diputados y menos población (La Palma).

3. ¿Por qué se introdujo este sistema?

Tenemos que remontarnos a 1982. Había que aprobar el Estatuto de Autonomía, y para ello era necesaria el concurso de las islas menores. Estas, sin embargo, se mostraban desconfiadas de que las dos islas capitalinas maniobrasen en su beneficio. Tenerife y Gran Canaria, a su vez, también desconfiaban entre sí. Así que se introdujo el sistema de triple paridad: 1) mitad de escaños entre islas capitalinas y no capitalinas; 2) mitad de escaños entre provincias; 3) los mismos escaños para Gran Canaria y para Tenerife.

Los grandes partidos (UCD y PSOE) se dieron cuenta de que los minoritarios les podrían dejar sin buena parte del pastel. La solución, imponer una barrera de entrada del 20% del voto de cada isla (se elevó al 30% en 1996). Claro que aún quedaba un problema: capturar escaños procedentes de las islas menores, que estaban en manos de partidos insularistas: Por ello, añadieron una segunda cláusula, la barrera a nivel autonómico del 3% (elevada al 6% en 1996), que permitía a los partidos mayoritarios cumplir la condición de tener acceso al reparto de escaños en circunscripciones menores aduciendo que aunque en esa circunscripción no habían alcanzado el mínimo, sí habían superado el mínimo en el conjunto de la autonomía.

4. ¿A quién beneficia este sistema?

El primer beneficiado ha sido el partido que lleva ininterrumpidamente en el poder desde 1993. Coalición Canaria es una unión de fuerzas insularistas que sin el paraguas de CC no podrían entrar en el Parlamento debido a la doble barrera existente. El actual sistema perite, de hecho, que sea la fuerza nacionalista la que maneje los resortes del poder a pesar de no haber ganado unas elecciones autonómicas desde 2003.

Coalición Canaria no es, sin embargo, la única beneficiada. En realidad, el actual sistema juega a favor de los tres grandes partidos, CC, PSOE y PP, dado que se bloquea la entrada a partidos minoritarios como Nueva Canarias o Izquierda Unida.

5. ¿Por qué se cambió el sistema en 1996?

En 1996, el PP de José María Aznar acababa de llegar al poder gracias, en parte, al apoyo de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Este apoyo sirvió para que la fuerza nacionalista reclamase al nuevo Ejecutivo un retoque en el Estatuto de Autonomía para asumir nuevas competencias. También hubo sitio para otras cuestiones como la introducción del concepto de nacionalidad… y una ampliación de las barreras de entrada: del 20% al 30% insular y del 3% al 6% autonómico.  Con esta decisión, CC se aseguraba el poder al garantizarse el apoyo de las fuerzas insularistas que componen la coalición, que sin su paraguas quedarían fuera del Parlamento.

6. ¿Quién quiere cambiar la ley electoral?

Todos los partidos aseguran que están a favor de cambiar la ley electoral. Sin embargo, el acuerdo es imposible. La actual coalición de Gobierno (CC-PSOE) asegura de hecho que este cambio no es prioritario debido a la grave crisis económica. Los últimos intentos provinieron del PSOE de la mano de Santiago Pérez en 2009 y más recientemente de Nueva Canarias.

7. ¿Qué hay que hacer para cambiar la Ley Electoral?

Hay dos opciones: una es retocando el Estatuto de Autonomía, que ha de ser aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento de Canarias y ratificado por el Congreso de los Diputados. Esta opción es, en principio, la más complicada.

La segunda opción es cambiar la Ley electoral en el Parlamento. Para esta opción, sin embargo, hacen falta el ‘sí’ de dos tercios de la Cámara. Algo realmente difícil en las circunstancias actuales.

Difícil pero necesario.

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