El Gobierno de Canarias remitió recientemente al Parlamento de Canarias la revisión de la Ley Turística, con el objetivo de que ésta se tramite por lectura única para garantizar que se apruebe antes de que termine esta legislatura.

Esta modificación se limita a retocar apenas la nociva moratoria turística que ha cercenado el desarrollo de Gran Canaria como destino turístico frente a otros competidores, y no la elimina, tal y como era necesario y como ha reclamado en innumerables ocasiones el CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA. Estamos, como ya ha denunciado esta organización,  ante una nueva moratoria encubierta.

Mantiene por completo, sin embargo, el afán intervencionista del presidente Paulino Rivero, que con esta modificación (sostenida por su socio de Gobierno) se asegura que la oferta turística se somete a la voluntad del Gobierno de turno, y  resta voz a los inversores, a empresarios o al propio mercado.

La propuesta del Gobierno permite la construcción de establecimientos siempre que obtengan la autorización previa del Ejecutivo. Estos edificios deberán cumplir unos estándares de calidad edificatoria y del servicio, y se le exige reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios establecidas reglamentariamente. Además, se obliga a suscribir un convenio con el Servicio de Empleo de Canarias para la formación continua de su personal y para facilitar la formación de desempleados.

Invertir en Canarias resulta sumamente complicado hoy en día. Y si hay algo que Canarias necesita para reducir nuestras intolerables cotas de paro que el Gobierno regional no logra reducir es inversión y capital. A la innumerable cantidad de trabas y trámites que impone una complejísima administración se le suma el alto grado de arbitrariedad y discrecionalidad de las decisiones de sus funcionarios y políticos, lo cual desalienta a los más decididos inversores. Y esta nueva Ley Turística no hará sino agravar la situación, sobre todo en Gran Canaria.

Numerosos miembros del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA han repetido hasta la saciedad que ningún Gobierno ha de dictar el camino que ha de seguir una actividad económica: los inmuebles han de reformarse porque los clientes así lo exigen, no porque lo imponga un funcionario. De la misma forma, la oferta y su calidad ha de adecuarse a la demanda que se genera a tiempo real en todo el mundo, no a lo que dictamine un consejero regional que nunca ha trabajado en esta difícil industria.

Y no solo eso. El Ejecutivo que preside Paulino Rivero, presentó en octubre una evaluación completamente fuera de la realidad de los resultados de la moratoria. Su informe ponía sobre la mesa unos datos a todas luces increíbles que, en ningún momento, convencieron a nadie del éxito de esta letal norma.

Y pese a todo, Rivero ha preferido congelar su revisión hasta última hora. En vez de llevar a cabo un análisis sosegado y consensuado, ha optado por tramitarla de urgencia, alegando que apenas queda tiempo para que pueda ser aprobada antes de que termine la legislatura. Volvemos así a estar ante otro caso más en el que el Gobierno impone su criterio y resta a la sociedad la posibilidad de debatir una norma crucial que afecta de lleno a su futuro y a su modelo. Una norma a espaldas de los empresarios, que son quienes han de poner el dinero para que esta industria prospere.

Empleo Gobierno de Canarias Gran Canaria Moratoria turistica paro Paulino Rivero Turismo