El actual Gobierno de Canarias marcha hacia el final de su actual legislatura. Pondrá punto final a su mandato de la manera que ha sido tristemente habitual durante estos años: incumpliendo sus compromisos, en este caso los adquiridos ante el Parlamento de Canarias.
Así, el Ejecutivo que preside Paulino Rivero se comprometió a revisar la llamada moratoria turística, una normativa que ha supuesto una trampa turística para los intereses de Gran Canaria. Uno de los puntos de esta ley (el artículo 4.2, en concreto), aprobada en la primavera de 2013, prohíbe la construcción de establecimientos inferiores a cinco estrellas en territorio urbanizable, limitando cualquier actuación a una rehabilitación que ha de llevarse a cabo según unos parámetros restrictivos. Una ley que ha perjudicado al sector y que debe desaparecer con urgencia. Ahora, el Gobierno ha decidido no cumplir con ese compromiso.
“La rehabilitación es interesante, pero hay que estar en un nivel superior que la competencia”, aseguró recientemente Juan Miguel San Juan, presidente de Satocan y miembro del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA. “Y, además, no se pueden hacer promesas e incumplirlas”, asegura en relación al compromiso de Rivero de reformar la ley turística, “porque la realidad es que el resultado de la renovación ha sido cero”.
Los datos avalan las palabras de Juan Miguel Sanjuán. La moratoria, unida a las anteriores que han venido desplegando los sucesivos Gobiernos nacionalistas con el apoyo del PP y el PSOE, han tenido consecuencias perniciosas, sobre todo para el sector turístico de la isla redonda: solo en el año que ha transcurrido desde la entrada en vigor de la última moratoria se han dado de baja 1.400 camas. La aportación de la rehabilitación se limita a 491. En el último lustro, la isla se ha
quedado sin 8.768 camas, sobre todo de tipo extrahotelero. Si nos remontamos a 2003, año en que se aprobó la primera moratoria la isla se ha quedado sin unas 30.000 camas: de 150.000 a 120.000. La principal consecuencia, Gran Canaria ha sufrido durante 2014 una escasez de camas de calidad, lo que ha hecho que se hayan desviado turistas a otras islas y a otros destinos distintos por falta de capacidad”.
El Gobierno de Canarias ha asegurado por boca de su consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, que está “satisfecho con el funcionamiento de la actual ley”. Y lo sostiene aún en contra de la opinión de los miembros de su propio partido en Gran Canaria, Fernando Bañolas y María del Mar Julios, que habían arrancado el compromiso de su reformulación. Y así, el Consejo de Gobierno ha bloqueado cualquier actuación sobre una ley que no solo frena la competencia entre islas, favoreciendo a aquellas, como Tenerife, que cuentan con una oferta más consolidada en establecimientos de cuatro estrellas, sino que
impide que la isla pueda competir con destinos pujantes como Egipto o Turquía,lastrando sus posibilidades en una industria extremadamente competitiva.
Una vez más, el Gobierno hace uso de su poder para beneficiar a unos y perjudicar a otros a su antojo. Y lo hace pasando por encima, incluso, de los propios planes de ordenación del territorio de las corporaciones. Lo hace, como ha sido moneda
común durante su mandato, interfiriendo en el mercado, obstaculizando la creación de empleo, frenando el desarrollo económico y retrasando la salida de la crisis.
El Gobierno ha de cumplir, por una vez, su palabra. Urge la derogación de la moratoria turística, y olvidar nuevas ideas intervencionistas como supuestos criterios de calidad o la imposición de plantillas mínimas. Han de ser el mercado y
los empresarios los que impongan las estrategias. Las estrellas de los hoteles han de adaptarse a las demandas del mercado, de los clientes y los turoperadores, y, en ningún caso, han de basarse en función de lo que dicten los políticos,

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